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La Mesa Técnica del Colegio depura el artículo 25 y determina que hay que tener en cuenta siempre el superior interés del menor

El artículo objeto de debate tiene que ver con las intervenciones psicológicas realizadas a menores, a petición de un solo progenitor

El Colegio Oficial de La Psicología de Las Palmas (COPLP) ha celebrado su Mesa Técnica para tratar sobre puntos de interés que atañen al artículo 25 del Código Deontológico de los profesionales, que determina que “Al hacerse cargo de una intervención sobre personas, grupos, instituciones o comunidades, el Psicólogo ofrecerá la información adecuada sobre las características  esenciales... En caso de menores de edad o legalmente incapacitados, se hará saber a sus padres o tutores”.

En este sentido, los miembros de la Mesa constituida por  el abogado del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, Guillermo Pérez; la titular del Juzgado de 1ª instancia nª 5 de Arrecife de Lanzarote, Silvia Muñoz; el abogado del Servicio Canario de Salud, Julio Santiago y la asesora jurídica del Consejo General de Psicología, Nuria Salom, acordaron, entre otras medidas, tener en cuenta siempre el superior interés del menor y las circunstancias que le rodean en cada caso en concreto.

La disertación viene avalada por el hecho de que en todos los Colegios Profesionales de la Psicología se ha evidenciado un aumento considerable del número de denuncias contra profesionales, siendo el motivo más frecuente de queja el hecho de que el profesional no ha comunicado a ambos progenitores la intervención del menor. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las denuncias derivan porque hay un proceso judicial abierto de nulidad, separación o divorcio, en el cual el informe psicológico es considerado como una prueba fundamental.

Las conclusiones basadas en los  informes realizados por el psicólogo Fernando Calvo, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesionales  conciernen, fundamentalmente, a la diferenciación de la evaluación e intervención  psicológica , puesto que esta última es donde radica el fondo de la cuestión. La intervención es aquella parte del trabajo profesional que supone el establecimiento de un movimiento o cambio conductual, cognitivo o emocional terapéutico en el paciente, a través de la aplicación de las distintas técnicas y procedimientos de intervención que, desde su específica orientación teórica (Gestalt, Cognitiva, Piscodinámina, y Humanitaria) estén consideradas como tal.

En este sentido, las determinaciones de la Mesa Técnica acreditan que el profesional debe tener en cuenta el  tipo de intervención encargada, si se encuadra en los actos de usos habituales en el ámbito familiar o se trata de un hecho extraordinario. En ambos casos, la interpretación del psicólogo debe estar debidamente motivada en el expediente del menor.

Además, entre las conclusiones, la Mesa determina la necesidad de que los profesionales de la psicología aconsejen al progenitor que ha autorizado la intervención, que acuda, en caso de desautorización por parte del otro progenitor, al procedimiento de Jurisdicción Voluntaria Ley 15/2015 de 2 de julio, solicitando la intervención psicológica.

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